En el origen del proyecto que ha dado lugar a la creación del Observatorio de la Acción Humanitaria percibíamos la necesidad de hacer un seguimiento estable de la acción humanitaria en nuestro país, compartiendo un sentimiento muy extendido por aquellos que buscan la mejora del trabajo solidario a través de la reflexión, la discusión franca y la crítica (y autocrítica). Con esa intención los Informes anuales, iniciados con el análisis de 2003, pretenden ir cubriendo ese hueco, con clara vocación de permanencia y de apertura a la colaboración con la comunidad humanitaria española. Éste es y ha sido desde su puesta en marcha el espíritu que ha animado a quienes formamos parte del citado Observatorio: contribuir constructivamente a la mejora de la acción humanitaria, de modo que pueda cumplir con los fines y propósitos que le dieron origen, y que no son otros que los de prevenir y aliviar el sufrimiento humano sin discriminación.
En el mes de diciembre de 2005 veía la luz el primer Informe, titulado "La acción humanitaria en 2003-2004: Años convulsos, respuesta insuficiente", dedicado esencialmente al análisis de la respuesta nacional e internacional a las crisis y emergencias de aquellos dos complejos años. El texto era el resultado de un trabajo de investigación desarrollado en el marco del Observatorio, promovido por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), con el apoyo de Médicos Sin Fronteras-España, el Ayuntamiento de Córdoba y la Universidad Complutense de Madrid.
Al iniciar aquella andadura, como es lógico, deseábamos que el Informe sirviera a la mejora de la acción humanitaria española suministrando nuevos elementos de reflexión y debate y ofreciendo, por vez primera y con vocación de regularidad anual, una radiografía de la realidad del trabajo humanitario en nuestro país. Poco sospechábamos entonces que el impacto real sería el que fue y que influyera, como de hecho ha ocurrido, de modo relevante en las posiciones de muchos actores de nuestra cooperación. Valga algún ejemplo para ilustrar lo que decimos.
Fruto de la labor de investigación del IECAH y de su seguimiento- por ejemplo, en lo que respecta al componente militar de la acción humanitaria española- se ha conseguido que se sea más riguroso en la contabilización de ciertos datos que generaban cierta confusión. En efecto, la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (DGPOLDE) fue sensible a nuestras consideraciones, lo que ha hecho que haya aumentado su rigor en la contabilización de los fondos de AOD desembolsados por el Ministerio de Defensa (MINISDEF) y en especial los que imputa como acción humanitaria. Y sobre todo, que lo que se considere como aportaciones humanitarias siga los criterios internacionales al respecto. En efecto, en el Avance de Seguimiento del PACI publicado en septiembre de 2005, cuyos datos usamos provisionalmente en nuestra investigación, se contabilizaba como "acción humanitaria" proveniente del MINISDEF la cantidad de 44.083.994 de euros, lo que suponía casi un 50% de la acción humanitaria española durante 2004. El IECAH mantuvo varios contactos con la DGPOLDE a diferentes niveles, incluyendo una reunión de trabajo con técnicos de la misma sobre la contabilización de la acción humanitaria y el modo de imputar costes de las misiones en las que participan tropas españolas. Nuestro planteamiento era que se estaban imputando costes de modo incorrecto y que éstos no correspondían a gastos destinados a la acción humanitaria, tal como recogen los organismos internacionales. Debemos hacer constar que, finalmente, el Seguimiento del PACI 2004 rebajaba la aportación humanitaria del citado ministerio a 937.741€, al tiempo que el conjunto de AOD del MINISDEF se reducía de más de 45 millones de Euros a menos de 33 millones.
Al ser la participación de contingentes militares en misiones de carácter humanitario un tema de especial sensibilidad y generador de polémicas en nuestro país, a nadie se le escapa que el manejo y la presentación de los datos correspondientes a esas operaciones cobra una indudable importancia.
Si éste es ya en sí mismo un efecto que justifica la puesta en marcha del Informe, estimulando el esfuerzo para lograr que cada año podamos contar con un elemento de análisis de tal naturaleza, no menor es el que se deriva de los cambios registrados en la actitud de una amplia mayoría de actores humanitarios en el uso de criterios similares de cómputo, o en el interés para conocer mejor iniciativas internacionales como la de la Buena Donación Humanitaria/Good Humanitarian Donorship (GHD), incentivando su incorporación activa.
En esa misma línea, la publicación del primer Informe dio lugar a preguntas parlamentarias, que sin duda contribuyen a la mejora de la rendición de cuentas y a la transparencia de nuestro sistema de cooperación. De esta forma se ha contribuido, asimismo, a incrementar el interés y la sensibilidad de las diferentes fuerzas políticas parlamentarias sobre la acción humanitaria, en un proceso que debe llevar a que este tema deje de ser una asignatura pendiente de la agenda nacional.
Queremos citar por último que el Informe fue también muy bien acogido en el sector humanitario y de la cooperación, y que las ONG, y especialmente sus Coordinadoras y otros actores de la cooperación como aquellos de la cooperación descentralizada, nos han ido haciendo sugerencias y aportaciones de mejora que, a buen seguro, contribuirán a ir mejorando cada año el resultado final impulsado desde el Observatorio.
En definitiva, todas estas cuestiones nos han animado a continuar la investigación sobre la realidad de la acción humanitaria en el año 2005. La idea básica sigue siendo, como en su origen, hacer un seguimiento cotidiano de la ayuda española enmarcándola en la ayuda internacional, así como contribuir a mejorar algunas cuestiones sobre la metodología, el seguimiento de los datos y su análisis. Todo ello tratando, simultáneamente, de recoger los aspectos más notables del debate internacional sobre materias propias del ámbito humanitario, así como la evolución de la agenda de seguridad internacional, tanto en lo que afecta a los desastres naturales, como a los conflictos violentos que, por desgracia, siguen caracterizando al mundo de hoy.
El Informe que presentamos en esta ocasión abarca por tanto el año 2005; un periodo que, como se ha dicho reiteradamente, se vio caracterizado por el elevado número de desastres naturales de gran intensidad, así como por la persistencia de algunas de las crisis y conflictos violentos que ya habían estallado en años anteriores. Una combinación generadora de mayores niveles de subdesarrollo, vulnerabilidad e inseguridad para la que, cabe adelantarlo ya desde el principio, la comunidad internacional sigue sin articular mecanismos de respuesta suficientemente eficaces, tanto por falta de activación de los recursos necesarios para ello como, sobre todo, por una manifiesta falta de voluntad para ponerlos a disposición de los que más sufren estas tragedias.
En lo que respecta a su estructura, el primer bloque del Informe se centra en el repaso a los grandes acontecimientos internacionales que han marcado la acción humanitaria. Tras hacer un breve recorrido panorámico por los principales eventos de 2005, se profundiza en las respuestas que se han dado desde la comunidad internacional analizando su alcance, sus limitaciones y tratando de identificar las tendencias que pueden afectar al futuro. Incidimos especialmente en algunas de las iniciativas de reforma que se están dando en el seno de las Naciones Unidas. Como en el Informe anterior, se dedica un capítulo a los aspectos jurídicos y en especial a la realidad del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El análisis de casos concretos, en los que se puede observar de cerca la actuación de muy diversos actores ante la ocurrencia de un desastre o un conflicto, suministra muchísima información y plantea numerosas cuestiones que interesan muy directamente en un Informe de estas características. Por ello, hemos incorporado tres capítulos que analizan situaciones muy diversas pero que permiten extraer algunas conclusiones más generales. El primero estudia en profundidad la respuesta, internacional y española, a la crisis creada por el tsunami que asoló las costas asiáticas a finales de 2004, en la que se considera la mayor operación humanitaria durante 2005. El segundo se centra en una de las llamadas crisis olvidadas, derivada de la hambruna que afectó a Níger y otros países del Sahel, y que provocó cierta confusión al plantearse la vinculación con el desarrollo y los problemas estructurales de modo inadecuado, lo que acabo generando aún más pérdidas de vidas humanas. Por último, en este apartado, tratamos el tema de las llamadas "misiones integradas", con las que la comunidad internacional se ha planteado un nuevo tipo de operaciones de paz con mandatos muy amplios, que crean confusión sobre el papel que en ellas juegan las cuestiones humanitarias. La mezcla de objetivos de seguridad, acciones militares, construcción del Estado..., por un lado, y las labores humanitarias y de protección de los derechos humanos, por otro, se ha mostrado como problemática y algunos estudios recientes así lo evidencian.
El segundo bloque del Informe se dedica al análisis detallado de la acción humanitaria española durante el año 2005. Tras haber analizado en el Informe anterior el papel de la cooperación descentralizada, y en especial el de las Comunidades Autónomas, nos centramos en esta ocasión en la Administración Central, y más en concreto en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) y en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), sin desatender, aunque con menor detalle, a otros Ministerios. En el año estudiado se experimentaron algunos avances, especialmente relevantes en materia presupuestaria y en el aumento del compromiso multilateral, que no se vieron acompañados de las reformas orgánicas previstas desde hace tiempo y que por motivos administrativos se siguen demorando. Así, la reforma de la AECI, pendiente de la aplicación de la Ley de Agencias, ha dejado congelado el compromiso de creación en su seno de una Oficina Humanitaria o similar, que dé mayor peso al componente humanitario de nuestra cooperación. Este bloque suministra numerosos datos cuantitativos y cualitativos y se detiene, asimismo, en analizar la coherencia de la acción humanitaria pública española con los acuerdos internacionales asumidos por nuestro país, como la ya citada iniciativa GHD. Aunque no se profundiza en ello, dado que será objeto de reflexión en el Informe de 2006, se citan y dan algunas pinceladas sobre el proceso de elaboración de los Documentos de Estrategia Sectorial de la Cooperación Española en el que se están discutiendo, entre otros, los relativos a Construcción de la Paz y, por otra parte, a Acción Humanitaria.
Se completa el presente Informe con algunos Anexos en los que incluimos tanto una cronología de los principales acontecimientos del año en clave humanitaria, como algunos listados de proyectos que pensamos que son de gran interés. La AECI ha avanzado durante el año 2005 de modo muy importante su sistema de cómputo de gastos y de notificación a los organismos internacionales, mediante el llamado formulario de los 14 puntos, que incorporamos a los Anexos.
De modo sintetizado, presentamos al inicio del Informe un Resumen Ejecutivo, que recoge sus principales conclusiones e introduce algunas propuestas y recomendaciones desarrolladas en páginas posteriores. Este es y ha sido siempre el espíritu del Observatorio de la Acción Humanitaria, aportar constructivamente a la mejora de la acción humanitaria de modo que pueda cumplir con los fines y propósitos que le dieron origen y que nos son otros que los de prevenir y aliviar el sufrimiento humano sin discriminación.
El Informe es una obra colectiva del IECAH en el que han participado en capítulos específicos: Paula Farias, Presidenta de Médicos Sin Fronteras-España, así como Lucía Fernández, Agustín Moya y Soledad Posada, investigadores de la consultora DARA. Nuestro agradecimien-to a todos ellos por su colaboración. Por parte de IECAH han participado en el Informe: Jesús A. Núñez Villaverde (balance del año y cuestio-nes generales), Laurence Thieux ("Misiones Integradas" y cuestiones generales), María José Salvador (aspectos jurídicos), Pepe Mirabal (ayuda humanitaria española), Inés Fernández Martín (Cronología), Fernando García Calero (edición, Cronología y cuestiones generales), Lourdes Rey Marcos (edición) y Camille Nussbaum (cuestiones generales). La coordinación del Informe y la elaboración de algunas partes del mismo corrió a cargo de Francisco Rey Marcos.
Desde el IECAH sólo nos resta agradecer su colaboración a quienes nos acompañan en la aventura que implica el Observatorio de la Acción Humanitaria -con especial referencia en este caso a Médicos Sin Fronteras-España, coeditor del Informe- y a cuantos han aportado sus reflexiones, sugerencias y propuestas en el proceso de elaboración de estas páginas. De igual modo, queremos agradecer la colaboración de las entidades públicas que nos han facilitado sus datos para la elaboración del Informe. En este sentido, es obligado citar muy especialmente al Gabinete del Secretario General de la AECI -cuya transparencia nos ha permitido acceder a abundante y valiosa información- y también a la DGPOLDE, por su disponibilidad para darnos a conocer sus listados de datos y por su amabilidad y paciencia en la inevitable tarea de exploración que siempre entraña una labor valorativa como la que desde aquí hemos llevado a cabo.
Francisco Rey Marcos y Jesús A. Núñez
Villaverde
Codirectores del IECAH
Madrid, diciembre de 2006
Resumen Ejecutivo
Seguramente 2005 pasará a la historia como el año en que se produjo un mayor número de desastres naturales de gran envergadura, y en el que el volumen de población vulnerable afectada alcanzó niveles sin parangón desde que se hace seguimiento de este tipo de tragedias. Muchos han hablado de annus horribilis, aunque solo sea porque el brutal choque que supuso en las costas asiáticas la tragedia del tsunami, con la que se despidió 2004, hizo notar sus efectos durante todo 2005. Pero por si esto no fuera suficiente, ha sido un año en el que la temporada de huracanes fue especialmente dura (Stan, Beta, Gamma...) en la región centro-americana y el Caribe, con la dramática originalidad de un huracán que asola una gran ciudad en el país más desarrollado del globo. Katrina y sus secuelas pusieron sobradamente de manifiesto que la autocomplacencia y la falta de previsión agravan los efectos de estos fenómenos naturales y que la vulnerabilidad es algo más que un concepto teórico. Los efectos del calentamiento climático en el crecimiento de los desastres son ya evidentes, y los que antes tildaban de catastrofistas a las organizaciones humanitarias o ambientales, reconocen hoy las amenazas que este calentamiento supone.
El terremoto de Cachemira o la crisis alimentaria en ciertas zonas del Sahel, sirvieron nuevamente para constatar algunas de las limitaciones del sistema internacional de respuesta a los desastres y para recordar la imperiosa necesidad de su fortalecimiento. En su conjunto, estas situaciones de crisis crónica, -que a la larga causan más víctimas que sucesos como el tsunami asiático- han hecho que durante el año se acuñara la expresión de tsunamis silenciosos. Y de esos desastres silenciosos y olvidados hubo muchos a lo largo de 2005, sin que la comunidad internacional, que tan generosamente respondió al tsunami asiático, actuara del mismo modo en estos casos.
Por lo que respecta a los conflictos armados -y sobre un trasfondo inalterable marcado por Iraq, Afganistán y el conflicto árabe-israelí- el año tuvo como eje de especial interés la guerra en Darfur (Sudán), con consecuencias tan notorias como el éxodo de decenas de miles de personas hacia Chad o a otras zonas del país. Se trata de una situación a la que la comunidad internacional hace mucho tiempo que no ha sabido o no ha querido dar adecuada respuesta y que se ha ido agravando con el tiempo. En ninguno de los escenarios citados hasta aquí cabe hablar de mejora de la situación en la que vive el conjunto de la población afectada. Tampoco se han cumplido las expectativas globales de mayor seguridad y desarrollo de unos territorios afectados por una violencia estructural que desmiente a diario los discursos y las actuaciones de quienes promueven la mal llamada "guerra contra el terror".
La ONU continúa en una posición de marginación como resultado de su intento por cumplir con su propia Carta fundacional. Ya desde que se inició en 2003 la actual guerra contra Iraq, la organización viene sufriendo una clara exclusión, que ha vuelto a situarla en los márgenes del sistema internacional. En esas condiciones, se reducen drásticamente las posibilidades de reforma del propio organismo, como se ha visto con nitidez en la primera Conferencia de Revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de septiembre de 2005. La consecuencia inmediata de ello es que los asuntos mundiales -sea en el ámbito de la seguridad, en el de la cooperación al desarrollo o en el de la acción humanitaria (AH)- quedan en manos de los más poderosos que, obviamente, tienden a actuar en función de sus propios intereses nacionales. Esto desemboca, como hemos tenido ocasión de comprobar en tantas ocasiones, en que en unos casos se movilicen determinadas capacidades, en tanto que en otros se opte por la más absoluta pasividad.
En ese contexto volvemos a percibir con preocupación el riesgo que supone la instrumentalización de la ayuda humanitaria, más orientada en función de los criterios de política exterior y de seguridad que alineada según los principios que deben activar la respuesta ante los desastres y los conflictos violentos. El escenario mundial parece retrotraernos a periodos que parecían ya superados, en los que se reabre la puerta a modelos que apuestan más por la confrontación ("o conmigo o contra mí"; "choque de civilizaciones") que por la búsqueda de soluciones a problemas comunes que castigan a un alto porcentaje de la población mundial al más puro ostracismo.
A pesar de estas inquietantes tendencias, no todo ha sido oscuridad, sin embargo, en el dibujo que cabe perfilar del año. Aunque sea colándose entre los resquicios que ofrece el modelo dominante, algunos conceptos como la prevención, la preparación y la gestión de riesgos parecen irse abriendo paso. A lo largo del año se celebraron varias reuniones y conferencias internacionales que, de un modo u otro, avanzaron propuestas en este sentido. Así, por citar algún ejemplo significativo, en el marco de la convocatoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para analizar la marcha de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -que conmemoraba simultáneamente el sexagésimo aniversario de la ONU-, se incluyó el principio de "responsabilidad de proteger" en la resolución final, y se decidió la creación de una Comisión de Consolidación de la Paz, que comenzó sus trabajos en el mes de diciembre, y de un Consejo de Derechos Humanos, que sustituía a la desprestigiada Comisión de Derechos Humanos. Por otra parte, la Conferencia Internacional para la Reducción de Desastres, celebrada en Kobe (Japón) a primeros de año, aprobó la llamada Declaración de Hyogo, que insta a los Gobiernos y a otros actores a aumentar los esfuerzos de prevención. También se emprendió la reforma del sistema humanitario de la ONU. Al menos en materia humanitaria, Naciones Unidas ha tratado de mantener su perfil.
Algunas de las cuestiones que pone de manifiesto el Informe en su apartado internacional son:
El sistema internacional de respuesta a desastres y crisis no permite asignar y dedicar los recursos de modo equitativo y eficaz en función de las necesidades.Solo la respuesta al tsunami (incluyendo ayuda humanitaria y para la reconstrucción) consiguió más fondos (13.000 millones de dólares) que el conjunto de la ayuda humanitaria mundial en 2005. La rigidez de la financiación y el carácter "finalista" de las donaciones hacen que no haya flexibilidad suficiente para asignar los recursos en función de la gravedad de la crisis y de las necesidades humanitarias que genere.
La reforma del sistema internacional de ayuda, y especialmente de las formas de financiación de la misma, es una necesidad fundamental. La ONU debe jugar un papel relevante en esta materia y la reforma del componente humanitario de las Naciones Unidas es urgente. Ahora bien, este fortalecimiento debe ser coherente con el respeto de los principios humanitarios de imparcialidad, independencia y neutralidad.La mezcla de cuestiones de seguridad, acciones armadas, fortalecimiento del estado y acción humanitaria en las misiones de paz "integradas" incide negativamente sobre las poblaciones a las que se pretende ayudar, y aumenta el riesgo de instrumentalización del humanitarismo.
En los estados y la comunidad internacional, la acción humanitaria es una política pública en la que toman parte muchos actores, por lo que es básico garantizar la eficacia a través de la coordinación.El uso de todos los medios de los que se dispone, como los medios de los que hoy sólo disponen los ejércitos, puede ser necesario en algunas situaciones. Ahora bien, estos medios deben usarse de modo que no comprometan la imparcialidad y bajo liderazgo civil.Deben aportar además un valor añadido en términos de mejora de la actuación, cosa que en el análisis de la respuesta al tsunami o al terremoto de Cachemira no ha sucedido.
Los organizaciones no gubernamentales humanitarias representan un elevado porcentaje de la acción humanitaria global que ha crecido espectacularmente durante 2005. El respeto a sus mandatos y a su independencia es vital.La necesaria coordinación y suma de esfuerzos de todos los actores no debe servir para convertir a las ONG en meros instrumentos al servicio de otros fines.
La opinión pública ha reaccionado con gran solidaridad en las crisis con gran impacto mediático, pero no en otras.Por vez primera en una gran emergencia, los fondos privados para el tsunami superan a los públicos. Eso es muestra de que la credibilidad de las organizaciones humanitarias y de las ONG es grande entre la población. Ahora bien, deben mejorarse los sistemas de evaluación, control y rendición de cuentas de modo que sean aún más transparentes e incrementen la confianza.
Desde la perspectiva española, tras los convulsos años 2003 y 2004 que analizamos en el Informe anterior y que se vieron marcados por la confusión en materia humanitaria que creó la participación de contingentes militares españoles en Iraq y el uso de la retórica humanitaria para legitimar aquella invasión, el año 2005 se ha caracterizado dentro de la acción humanitaria española por un mayor rigor en el uso de los fondos de respuesta a conflictos y desastres naturales y por lentos avances en materia de gestión de la ayuda. El fuerte peso que durante el año 2005 tuvo la respuesta ante desastres naturales, obviamente menos sensible políticamente, ha hecho que en conjunto la ayuda pudiera dirigirse más a la satisfacción de las necesidades de los afectados y estuviera menos influida que en ocasiones anteriores por criterios de otro tipo.
2005 ha sido en España en materia humanitaria un año de transición, marcado por la respuesta a los desastres naturales y por los lentos avances en materia de gestión.
Algunas de las cuestiones que el Informe pone de relieve son:
La aprobación a finales de 2004 del Plan Director 2005-2008 y la posterior puesta en marcha del Plan Anual de Cooperación Internacional 2005 (PACI) han abierto un nuevo marco para el trabajo humanitario del conjunto de actores de la cooperación española más en consonan cia con los principios y valores internacionales y con los acuerdos internacionales al respecto. La cooperación española cuenta hoy con un concepto claro de acción humanitaria que pone énfasis en su orientación hacia las víctimas de desastres de cualquier tipo, con el objetivo de satisfacer sus necesidades básicas, restablecer sus derechos y garantizar su protección. El Plan Director afirma que "Prevenir y aliviar el sufrimiento con una motivación de humanidad y desde un principio de imparcialidad, neutralidad y no discriminación son las premisas fundamentales de toda acción humanitaria. La acción humanitaria española se basará en el respeto profundo de los principios y valores humanitarios acordados internacionalmente y de acuerdo al derecho internacional". Desde una perspectiva presupuestaria, se ha sobrepasado la cifra de 108 millones de euros de acción humanitaria oficial, lo que supondría duplicar los fondos respecto a los consignados en la versión definitiva del seguimiento del PACI del año 2004. Sin embargo, vuelve a haber algunas cuestiones discutibles en el manejo de las cifras, que se reflejan en un crecimiento espectacular de las cifras de ayuda humanitaria imputadas al Ministerio de Defensa. En el año 2004 se imputaron 935.000 euros de ayuda humanitaria al Ministerio de Defensa y en 2005 más de 24 millones de euros, lo que supone un incremente del 2.484%. Estos datos, unidos a la aprobación de la Ley Orgánica de Defensa Nacional en noviembre de 2005 y la puesta en marcha de la Unidad Militar de Emergencia (UME), son indicios preocupantes de que, pese a los avances, continúa la confusión y la tendencia a la militarización de la ayuda.
Las fuerzas armadas deben ser conscientes de la necesaria especialización para trabajar en este sector y del respeto a los modos y formas de trabajo que son ya el acervo del mundo humanitario. La experiencia muestra que este no ha sido el caso de muchas de las misiones de las fuerzas armadas que han desconocido lo que es el trabajo de proximidad con las víctimas de la crisis o desastre, o la participación de las entidades locales. La evaluación en este terreno debe profundizarse. El Informe apoya en este sentido el uso de las llamadas Directrices de Oslo de 1994 sobre el uso de medios militares y de defensa civil en emergencias, y su actualización de 2003 para emergencias complejas, a las que nuestro país se ha comprometido a través de su incorporación a la llamada Buena Donación Humanitaria, que establece líneas de acción en esta materia. Estas orientaciones deben ser concretadas urgentemente en el caso de nuestro país. El Informe analiza la relación ente los diferentes organismos públicos que realizan AH y su necesaria coordinación, y aboga porque cuando se trate de acción humanitaria pública la alta dirección de la misma recaiga en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y a nivel operativo en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) La distribución de los fondos humanitarios en el periodo se ha adaptado más a las necesidades derivadas de las diferentes crisis que se han vivido durante el año, y el compromiso multilateral de nuestra ayuda también se ha incrementado. También ha sido notorio el crecimiento de fondos hacia África.
Las Comunidades Autónomas han aumentado su participación y suponen casi una cuarta parte del total de ayuda humanitaria pública. Asimismo, las entidades locales han aumentado casi un 50% su aportación. Ello es un fenómeno muy positivo que refleja un creciente compromiso de estos actores pero que tiene el riesgo de la dispersión y la descoordinación. Debe avanzarse en la formalización de cauces y protocolos que hagan efectiva esa coordinación de esfuerzos.
La AECI ha pasado a canalizar un volumen importante de fondos de AH pasando de 19 millones de euros en 2004 a más de 34 millones de euro en 2005. El crecimiento de los destinados a África y a organismos multilaterales ha sido muy importante también el caso de la AECI. Sin embargo en materia de gestión, y especialmente en lo que afecta a la reforma y fortalecimiento de la acción humanitaria pública, los pasos dados en 2005 han sido muy escasos. El borrador de la Estrategia de Acción Humanitaria apenas se inició en 2005 y solo estará deseablemente aprobado a finales de 2006 o, incluso, en 2007. La puesta en marcha de los compromisos asumidos en la Buena Donación Humanitaria (GHD) no se ha plasmado en un Plan de Acción, tal como la propia GHD propone. Los cambios en la estructura de la AECI en materia humanitaria han sido muy superficiales, y la aprobación de la ley de Agencias y la necesaria adaptación de la AECI a lo que en ella se dispone ha ralentizado estas reformas. En materia de coordinación con otros actores también los avances son escasos y únicamente se han concretado algunos convenios para este tema con algunas ONG. No existen aún protocolos de actuación que delimiten competencias, procedimientos, mecanismos de coordinación, etc..
Tampoco se han puesto en marcha sistemas de financiación específica de la AH por parte de la AECI, que permitan asignar mejor los recursos a las necesidades de las crisis. Estos mecanismos sí han comenzado a existir en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que han puesto en marcha también Comités o dispositivos de coordinación en sus ámbitos territoriales.
Ha aumentado la participación de las OTC (Oficinas Técnicas de Cooperación) de la AECI en el terreno, lo que significa un positivo esfuerzo de descentralización.